By Doly Rocío Jurado Cerrón El marco constitucional del régimen jurídico lingüístico en España se configura a partir del artículo 3 de la Constitución de 1978, que establece un modelo lingüístico basado en la función comunicativa y cultural de las lenguas. Dicho precepto reconoce como lengua española oficial del Estado al castellano, que se considera de conocimiento obligatorio y de uso garantizado. Igualmente, contempla la posibilidad de que las demás lenguas españolas sean oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, siempre que así lo determinen sus estatutos. De este modo, se desarrolla, en el ordenamiento jurídico español, un modelo de pluralismo lingüístico que permite, junto al castellano como lengua oficial, la cooficialidad en diversas comunidades autónomas del catalán, el gallego, el euskera, el valenciano y el aranés. Adicionalmente a estas lenguas, en comunidades como Aragón, Asturias, Castilla y León, Andalucía y Extremadura se ha optado por un reconocimiento estatutario de la pluralidad lingüística que, aunque no tiene carácter oficial, se inspira en el cumplimiento del deber de protección del patrimonio cultural. Pese a este marco jurídico garantista, la aplicación práctica del pluralismo lingüístico ha generado tensiones, especialmente en aquellas comunidades autónomas que han estructurado fuertes políticas lingüísticas calificadas por algunos sectores como exclusivistas. Estas tensiones se han […]
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