Como punto de partida y de llegada, hay que recordar, una y otra vez, que es perfectamente posible conciliar la necesaria protección de la seguridad y la defensa nacional y el respeto a los derechos fundamentales de las personas, a la libertad de expresión y de comunicación, y al derecho de acceso a la información pública, sin los cuales, no puede existir un Estado democrático de derecho. Una vez grabada esta idea en la cabeza, el Proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 22/7/2025 nace con el objetivo de sustituir la normativa franquista que regula los secretos oficiales en nuestro país desde 1968, hace más de 57 años. Es cierto que en todas las democracias del mundo existen los secretos oficiales, es decir, asuntos cuya información no es posible acceder por el conjunto de la ciudadanía para evitar los perjuicios que se podrían causar a la seguridad y defensa del Estado. Esto está fuera de toda discusión. Ahora bien, con ser ello cierto, no lo es menos que la normativa que regule los secretos oficiales, única y exclusivamente, puede servir para proteger la defensa y seguridad del Estado, durante el periodo de tiempo que […]
Por una ley de información clasificada que respete los derechos fundamentales
Como punto de partida y de llegada, hay que recordar, una y otra vez, que es perfectamente posible conciliar la necesaria protección de la seguridad y la defensa nacional y el respeto a los derechos fundamentales de las personas, a la libertad de expresión y de comunicación, y al derecho de acceso a la información pública, sin los cuales, no puede existir un Estado democrático de derecho. Una vez grabada esta idea en la cabeza, el Proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 22/7/2025 nace con el objetivo de sustituir la normativa franquista que regula los secretos oficiales en nuestro país desde 1968, hace más de 57 años. Es cierto que en todas las democracias del mundo existen los secretos oficiales, es decir, asuntos cuya información no es posible acceder por el conjunto de la ciudadanía para evitar los perjuicios que se podrían causar a la seguridad y defensa del Estado. Esto está fuera de toda discusión. Ahora bien, con ser ello cierto, no lo es menos que la normativa que regule los secretos oficiales, única y exclusivamente, puede servir para proteger la defensa y seguridad del Estado, durante el periodo de tiempo que […]