Hemos tenido noticia, con gran satisfacción, del reciente Auto nº 544/2025, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, que ha inadmitido de plano la querella presentada contra Jaime Gómez-Obregón por un contratista tecnológico del Gobierno de Cantabria. Como es sabido, Jaime Gómez-Obregón es un conocido activista en defensa de la transparencia de la contratación pública y de la lucha contra la corrupción. La querella pretendía atribuirle un delito de injurias por unos mensajes en redes sociales en los que denunciaba la opacidad derivada de la exigencia de la utilización de un «framework» informático propio del Gobierno regional que, sin embargo, no estaba publicado. El contratista reclamaba una indemnización de 50.000 euros llegando a exigir, en un acto de conciliación previo, que afirmara públicamente que había mentido, lo que evidentemente no hizo pues no lo había hecho. El núcleo del asunto es fácil de describir pero complejo en sus consecuencias. En algunas de sus licitaciones tecnológicas, el Gobierno de Cantabria impone el conocimiento de unos componentes informáticos propios, técnicamente denominados «framework». En términos sencillos, se trata de los ladrillos con los que los contratistas deben construir las aplicaciones licitadas. Pero estos componentes no estaban publicados en ningún sitio […]
Demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP). Transparencia y contratación pública.
Hemos tenido noticia, con gran satisfacción, del reciente Auto nº 544/2025, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, que ha inadmitido de plano la querella presentada contra Jaime Gómez-Obregón por un contratista tecnológico del Gobierno de Cantabria. Como es sabido, Jaime Gómez-Obregón es un conocido activista en defensa de la transparencia de la contratación pública y de la lucha contra la corrupción. La querella pretendía atribuirle un delito de injurias por unos mensajes en redes sociales en los que denunciaba la opacidad derivada de la exigencia de la utilización de un «framework» informático propio del Gobierno regional que, sin embargo, no estaba publicado. El contratista reclamaba una indemnización de 50.000 euros llegando a exigir, en un acto de conciliación previo, que afirmara públicamente que había mentido, lo que evidentemente no hizo pues no lo había hecho. El núcleo del asunto es fácil de describir pero complejo en sus consecuencias. En algunas de sus licitaciones tecnológicas, el Gobierno de Cantabria impone el conocimiento de unos componentes informáticos propios, técnicamente denominados «framework». En términos sencillos, se trata de los ladrillos con los que los contratistas deben construir las aplicaciones licitadas. Pero estos componentes no estaban publicados en ningún sitio […]