El juicio al Fiscal General y la vulneración del deber de reserva, por Natalia Velilla en ‘El Confidencial’

Desde el juicio del procés no se había celebrado ningún otro que despertara tanto interés como el que se sigue en la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. En otros artículos he hablado de la singularidad del caso y del daño institucional que provoca la falta de renuncia al cargo por parte del investigado, lo que genera la paradoja de que quien debiera formular acusación pública dependa jerárquicamente del propio investigado, entre otras irregularidades. Esta semana se ha dado un nuevo giro de tuerca a tanta excentricidad cuando hemos visto a García Ortiz, togado y sentado en estrados, junto a la Abogacía del Estado que le defiende y los representantes de la Fiscalía, que no ha formulado acusación. Enfrente, la acusación particular de Alberto González Amador y las populares del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y la Fundación Foro Libertad y Alternativa. Artículo originalmente publicado en El Confidencial (08/11/2025). Léelo completo aquí.